Según la
Organización Amnistía Internacional, la medida adoptada por el
Gobierno de Mariano Rajoy vulnera el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por
España. Exigen además, que no se adopten represalias contra el
personal sanitario que atienda a personas sin tarjeta sanitaria
Con la entrada en vigor de la reforma sanitaria,
España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por
limitar el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de
la sociedad y por ser una medida regresiva y discriminatoria. Esta decisión
vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
suscrito por España.
Denuncian que la no renovación de tarjetas
sanitarias a inmigrantes mayores de edad en situación administrativa irregular
a partir del 1 de septiembre podría costar vidas, porque dejará a miles de
personas sin acceso a los sistemas de salud. Estas personas solo serán
atendidas en urgencias y en los supuestos de embarazo, parto y posparto.
Las personas con enfermedades crónicas o mentales
serán algunas de las más afectadas por la reforma sanitaria.
Orden ministerial
El gobierno todavía no ha hecho pública la
anunciada orden ministerial que contemplaría crear convenios especiales para
atender a las personas migrantes, mediante los que se condicionaría el
acceso a la salud al pago de una cantidad económica y al hecho de estar un año
inscrito en el padrón municipal. Por las informaciones publicadas en los medios
de comunicación, se teme que esta orden establezca barreras económicas que
pongan en peligro el acceso a la atención sanitaria de las personas más
vulnerables.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y
Culturales de la ONU exige la accesibilidad económica como uno de los
elementos esenciales del derecho a la salud y afirma: “Los establecimientos,
bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos (…) incluidos los
grupos socialmente desfavorecidos”.
En los mismos términos se ha manifestado el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien ha
solicitado a los Estados que eliminen “los honorarios elevados de los servicios
de atención médica“, identificándolos como uno de los “obstáculos con que
tropieza la mujer para acceder a esta atención.
Estas peticiones internacionales contrastan con
declaraciones como las de José Antonio Monago, presidente de
Extremadura, que afirmó ante los medios de comunicación que el cobro de una
cuota a los inmigrantes irregulares por asistencia sanitaria "no es una
cuestión de humanidad sino de presupuesto", Amnistía Internacional,
Médicos del Mundo, Red Acoge y la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (SEMFYC) afirman que la cuestión es, en realidad, de
derechos humanos y de cumplir o no con la legislación internacional y las
exigencias de la ética profesional.
Otros gobiernos autonómicos, sin embargo, han
manifestado desde el principio su oposición a dejar sin tarjetas sanitarias (y,
por extensión, sin acceso a la asistencia primaria de salud y la atención de
especialistas) a las personas inmigrantes en situación administrativa
irregular.
Según se desprende del estudio de la Agencia
Europea de Derechos Fundamentales, Inmigrantes en situación irregular:
acceso a la asistencia sanitaria en 10 estados miembro de la Unión Europea,
España junto con Francia, Bélgica e Italia contaban con sistemas más
garantistas que el resto de países europeos en lo que se refiere a asistencia
sanitaria para inmigrantes en situación administrativa irregular. En España, a
través de la tarjeta sanitaria, se tenía acceso a todos los servicios prestados
por el sistema nacional de salud. Con las actuales reformas, esas
garantías se transforman en desprotección.
Postura del personal sanitario
En relación al movimiento de objeción de conciencia
que se ha generado en el sector de la salud con
respecto a la aplicación del Real Decreto 16/2012, las entidades que
suscriben este comunicado consideran que existe el derecho y el deber de no
colaborar con violaciones de derechos humanos. Por ello, solicitan al
gobierno que no adopte represalias ante el ejercicio por parte de estos
profesionales de acciones orientadas a cumplir obligaciones internacionales de
derechos humanos, tal y como destaca el artículo 17 de la Declaración sobre
Defensores de Derechos Humanos de la ONU.
Los miembros de este sector que han anunciado su
intención de seguir atendiendo a los enfermos que queden fuera del sistema
sanitario público serán considerados “defensores y defensoras de derechos
humanos”, en tanto que “promueven y procuran la protección
y realización de los derechos humanos”, tal y como refleja la Declaración
anteriormente citada.
Efectos sobre las personas más vulnerables
Las organizaciones advierten de las graves
consecuencias que las restricciones en el acceso a la atención sanitaria pueden
implicar para quienes sufran enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles
y enfermedades mentales, suponiendo además un riesgo para la salud de toda la
población. Recuerdan asimismo que los Estados tienen la obligación de
proteger a los miembros vulnerables de la sociedad, incluso en épocas de
limitaciones graves de recursos, que es cuando deben redoblar dichos
esfuerzos.
La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea ha subrayado que “excluir a las personas migrantes en situación
irregular de la atención sanitaria pone en peligro su vida y su bienestar,
incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia y puede suponer un
potencial riesgo de salud para la comunidad”.
En el caso de las mujeres víctimas de violencia de
género en situación de irregularidad, se da la circunstancia de que su centro
de salud, adonde suelen acudir tras recibir las agresiones, se convierte en
punto esencial para la detección temprana y la identificación de las víctimas.
Especialmente grave puede ser la situación de las personas enfermas de tuberculosis
o de VIH/SIDA, enfermedad crónica que si no es tratada adecuadamente produce la
muerte.
Solicitantes de asilo y víctimas de trata
Las entidades promotoras acogen con satisfacción la
inclusión en el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, de dos colectivos
vulnerables como son los solicitantes de protección internacional y las mujeres
víctimas de trata. Sin embargo, con respecto a las víctimas de trata, la
asistencia sanitaria se limita a las mujeres en periodo de restablecimiento y
reflexión, cuando en realidad son muy pocas a las que se les concede esta
opción.
La propia Fiscalía General del Estado reconoce en su
memoria del 2011 que en las operaciones policiales en lugares donde se
realizaba la prostitución se detectaron 15.075 personas en situación de riesgo,
de las cuales solo fueron identificadas como víctimas de explotación sexual y
trata 1.641. Y únicamente a 43 de ellas se les ofreció el periodo de reflexión.
Además, la atención sanitaria es una de las vías por
las que se detecta a posibles víctimas, como destaca el “Protocolo Marco de
Protección de Víctimas de seres humanos”, adoptado por el gobierno en 2011.
Cumplimiento de las obligaciones internacionales
Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y
SEMFYC exigen al gobierno el cumplimiento íntegro de sus obligaciones
internacionales. Así lo hizo ya el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que advirtió a España de que la
reforma sanitaria no debe limitar el acceso de las personas a los servicios de
salud, cualquiera que sea su situación legal. Por tanto, el gobierno debe
revisar de manera urgente los reales decretos 16/2012 y 1192/2012.
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